El acceso a Playa Rocón: entre el derecho de propiedad y el interés público

Ya desde hace unos días se ha dado a conocer una controversia en torno a la instalación de una cerca limítrofe en Playa Rocón, Cabarete. De un lado, la empresa Costa Canal SRL defiende su derecho de propiedad sobre un terreno que alega haber adquirido legítimamente. Del otro, el director regional de Turismo, Atahualpa Paulino sostiene que la construcción de dicha cerca obstruye un camino de acceso público con más de cien años de existencia. Este conflicto ha derivado en múltiples acciones legales y operativos en la zona, desatando un debate sobre la propiedad privada, el acceso a las playas y el respeto a las decisiones judiciales.

1. Posición de las Autoridades El director regional de Turismo

   Atahualpa Paulino, ha declarado que la instalación de la cerca bloquea un camino de acceso público a la playa. Según Paulino, existen varias sentencias que reconocen el acceso como un derecho colectivo, y únicamente un decreto presidencial podría disponer su cierre. En este contexto, sostiene que la intervención del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, en la destrucción de la cerca responde a la preservación del acceso público y no a una decisión unilateral de su parte.

2. Posición de la Empresa Costa Canal SRL

   Por otro lado, la empresa Costa Canal SRL, representada por su gerente Ian Schembri Sant y su abogado Lorenzo Pichardo, denuncia lo que consideran un atropello sistemático por parte de las autoridades. Alegan que la cerca perimetral no se encuentra dentro de la franja de 60 metros de la playa, sino a 78 metros en su punto más próximo, lo cual ha sido constatado por la Armada de la República Dominicana. Asimismo, sostienen que el supuesto camino en disputa ha estado en desuso desde la construcción de una nueva carretera en los años 70 y que se estableció una entrada alternativa con la aprobación de las autoridades locales.

3. Sentencia del Tribunal Superior Administrativo y Supuesto Desacato

   Ante la destrucción previa de la cerca en agosto de 2024, Costa Canal interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual falló a su favor el 6 de diciembre de 2024 mediante la sentencia 0030-03-2024-SSEN-00727. Dicha sentencia ordena "el cese inmediato de cualquier acto u omisión que tienda a destruir las cercas edificadas con postes de concreto y alambres de pûas u otra obra de infraestructura similar dentro de los límites del inmueble identificado como 314896958049, con una extensión superficial de 20,380.34 metros cuadrados".

Pese a este fallo, el pasado viernes la empresa intentó reinstalar la cerca y, nuevamente, fue destruida por personal del SEMPA, aparentemente por orden del viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes. Esta acción ha sido interpretada por la empresa y diversos sectores como un desacato a la sentencia judicial y una violación a la seguridad jurídica y al derecho de propiedad privada.

El conflicto en la playa Rocón, Cabarete, enfrenta el derecho de propiedad privada con el acceso público a las playas. La empresa Costa Canal SRL reclama su derecho a cercar su terreno, mientras que el Ministerio de Turismo y el SEMPA argumentan que bloquea un acceso centenario.

A pesar de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a favor de la empresa, prohibiendo la destrucción de sus verjas, el director regional del SEMPA, Atahualpa Paulino, ignoró la decisión y ordenó su demolición con apoyo de agentes, mientras otras fuerzas como la Armada y el Politur se negaron a participar.

Este hecho representa una violación al orden jurídico y envía un mensaje preocupante sobre la inseguridad legal en el país, donde incluso decisiones judiciales pueden ser ignoradas por las propias autoridades, afectando la confianza en el sistema y el clima de inversión.